Podríamos preguntarnos por qué las herramientas CRISPR de edición genética no están llegando a las aplicaciones biotecnológicas y biomédicas tan raudamente como podría deducirse de la explosión continua de hallazgos y desarrollos innovadores que pueblan semanalmente el mundo académico. Ciertamente existen limitaciones técnicas que todavía no controlamos todo lo bien que quisiéramos (alteración no deseada en secuencias similares; diversidad de secuencias corregidas tras el corte en el ADN propiciado por el sistema CRISPR-Cas9; existencia de inmunidad contra la proteína Cas9 en muchos de nosotros…) pero, tristemente, también tenemos que considerar las limitaciones legales, de propiedad intelectual, de titularidad de patentes como uno de los principales problemas que, en mi opinión y en la de muchos colegas, está probablemente lastrando el éxito de estas extraordinarias herramientas. Las empresas necesitan ante todo seguridad jurídica, saber que si pagan a una institución u organización por una licencia no exclusiva para utilizar una determinada técnica, como CRISPR, no tendrán que pagar de nuevo por lo mismo a otra institución unos años más tarde, si cambia la titularidad de la patente. Y ahí está el meollo de la cuestión. Recapitulemos donde estamos, tras el penúltimo episodio de la batalla entre la Universidad de California en Berkeley y el instituto BROAD del MIT en Cambridge, Massachusetts, EEUU.
El pasado 30 de abril tuvo lugar una audiencia en el Tribunal Federal de Apelaciones de EEUU sobre la disputa actual por la titularidad de la patente sobre las herramientas CRISPR de edición genética. El resultado de la audiencia lo resume bien este artículo en la revista Science. Brevemente, el origen de la disputa es el siguiente. En junio de 2012 las investigadoras Jennifer Doudna (UC Berkeley) y Emmanuelle Charpentier (en aquel momento en la Universidad de Umea, Suecia, hoy en el instituto Max-Planck de Berlin para la biología de las infecciones) y sus colaboradores publicaron en Science un artículo que describía los componentes del sistema CRISPR-Cas9 de una bacteria (Streptococcus pyogenes) y proponía (pero no demostraba, ahí está la clave) su uso futuro como herramientas de edición genética. Sin embargo, la demostración efectiva de que el sistema CRISPR-Cas9 podía utilizarse para editar el genoma de células de mamífero no llegó hasta enero de 2013, con otra publicación, también en Science, del equipo de Feng Zhang (BROAD-MIT). UC Berkeley había depositado una solicitud de patente para la tecnología CRISPR en todo tipo de células en mayo de 2012. BROAD-MIT hizo lo propio en diciembre de 2012 y, a diferencia de UC Berkeley, pagó para que su solicitud fuera evaluada más rápidamente (fast-track) y con ello consiguió que la Oficina de Patentes de EEUU les otorgará la primera patente CRISPR en abril de 2014, mientras que la solicitud de UC Berkeley, anterior, todavía seguía (y todavía sigue) siendo evaluada.
¿Cómo pudo otorgarse la patente CRISPR al BROAD-MIT si esta institución presentó su solicitud (diciembre de 2012) después de la presentada por UC Berkeley (mayo de 2012)? Porque en 2012 en la Oficina de Patentes de EEUU todavía operaba la norma de «primero-que-inventa» (first-to-invent) en lugar del concepto «primero-que-registra» (first-to-file), que aplica en la mayoría de los demás países, como por ejemplo en la Unión Europea. A pesar de que BROAD-MIT depositó su patente con posterioridad a la de UC Berkeley fue el equipo de Feng Zhang del BROAD-MIT quien primero demostró (quien primero «inventó») que las herramientas podían usarse para la edición de genomas de células de mamíferos. La oficina de patentes de EEUU cambió finalmente al sistema más universal del «primero-que-registra» en marzo de 2013, cuando ya se habían depositado las dos solicitudes en cuestión. Por eso se le pudo otorgar la primera patente CRISPR al BROAD-MIT en abril de 2014.
Naturalmente esa primera patente otorgada a BROAD-MIT no sentó nada bien en la UC Berkeley, quienes interpusieron una demanda por interferencia en diciembre de 2015, al considerar que la patente del BROAD-MIT derivaba de las invenciones recogidas en su solicitud de patente. Esa demanda de interferencia se resolvió finalmente en febrero de 2017, a favor del BROAD-MIT. Aunque alguien pensara que esa resolución era el fin de la guerra por las patentes CRISPR, ganada por el BROAD-MIT, en realidad tan solo fue el fin de una primera batalla entre las dos grandes instituciones norteamericanas de las costas Este y Oeste. Los detalles y las fechas precisas de esta lucha inicial de titanes académicos por la explotación de los gigantescos beneficios que se esperan de la tecnología CRISPR (centenares/miles de millones de dolares) pueden obtenerse de diversas fuentes, como este artículo de Jacob Sherkov.
La solicitud de patente de la UC Berkeley, que ha sido modificada varias veces durante todo este proceso, tendría una mayor cobertura y protegería el uso de la tecnología CRISPR en cualquier tipo de células, tanto las eucariotas (animales, plantas, hongos) como las procariotas (bacterias y arqueas), mientras que la patente otorgada al BROAD-MIT «solamente» cubriría las aplicaciones en células eucariotas. De alguna manera, de otorgarse ahora la solicitud de patente CRISPR a UC Berkeley se produciría un nuevo conflicto (que obligaría probablemente a renegociar las licencias de uso de la tecnología CRISPR), al englobar esta nueva patente de UC Berkely las demandas de la patente anterior del BROAD-MIT. Metafóricamente esta situación se describió en su momento como si el BROAD-MIT hubiera obtenido la patente para usar pelotas de tenis de color verde, mientras que la UC Berkeley acabaría obteniendo la patente para usar todo tipo de pelotas de tenis, de cualquier color.
Ahora, en este penúltimo capítulo de la disputa por las patentes CRISPR, el Tribunal Federal de Apelaciones de EEUU ha escuchado de nuevo la reclamación de los abogados de UC Berkeley. Esta institución, que de momento va por detrás en esta disputa, reclama ahora que se revierta la decisión de la demanda de interferencia, que perdieron en febrero de 2017 en favor del BROAD-MIT, pues considera que era «obvio» desarrollar los experimentos que publicaron el equipo de Feng Zhang del BROAD-MIT en enero de 2013 a partir de la descripción de los componentes y la sugerencia de utilización del sistema CRISPR-Cas9 como editor genético, que realizaron Doudna y Charpentier en junio de 2012. Por su parte, naturalmente, el BROAD-MIT está en desacuerdo con esta interpretación al considerar que por supuesto «no era nada obvio» que el sistema CRISPR-Cas9 fuera a funcionar para editar genéticamente el ADN de células eucariotas tras la descripción del mismo realizada por las dos investigadoras y sus equipos de uno de estos sistemas en procariotas, en bacterias.
En definitiva, en esta disputa todo parece reducirse a decidir lo que es o no es obvio. La falta de obviedad (también llamada actividad inventiva) es uno de los tres requisitos que debe cumplir una solicitud de patente para poder ser otorgada. Los otros dos requisitos son la novedad y la aplicación industrial. No debe ser obvio desarrollar una nueva invención a partir del conocimiento, inventos y hallazgos anteriores. Si lo es, si es obvio, entonces no puede concederse la solicitud de la nueva patente, pues cualquier otro experto en el campo conocedor de los últimos descubrimientos podría llegar a la misma conclusión sin necesidad de haber inventado nada nuevo. Sin embargo, lo que ya seguro podemos decir es que, en el campo de las herramientas de edición genética CRISPR, decidir sobre lo que es o no es obvio seguro que no va ser nada obvio.
La próxima decisión de este conflicto la conoceremos en unos meses, cuando se resuelva esta última reclamación. Seguiremos atentos, confiando que la brisa del sentido común llegue alguna vez a ambas costas de EEUU y estas dos grandes instituciones acuerden repartirse justamente los derechos de explotación de la tecnología CRISPR poniendo fin a esta disputa, que ya ha durado demasiados años. Apelando a criterios éticos y de responsabilidad social, como intentamos hacer desde iniciativas como ARRIGE, debería ser posible solucionar el conflicto y así poder destinar las energías y los recursos a mejorar el desarrollo de las aplicaciones CRISPR para que, más pronto que tarde, se conviertan en una realidad y en un beneficio palpable para nuestra sociedad.
SITUACIÓN en EUROPA: Para terminar un párrafo para referirme a la situación de las patentes CRISPR en Europa, donde también parecen haber jugado un papel muy importante los temas de obviedad. Mientras que Feng Zhang/BROAD son quienes van ganando en EEUU, en Europa se han cambiado las tornas. En marzo de 2017 la Oficina Europea de Patentes otorgó una primera patente a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna (a través de la Universidad de Viena y la UC Berkeley) para el uso de la tecnología CRISPR-Cas9 en células y fuera de ellas, en la que está involucrada la empresa ERS Genomics, que representa los derechos de Emmanuelle Charpentier. Los temas de obviedad (de actividad inventiva) se han interpretado al revés en Europa en comparación con lo que se ha acordado, hasta el momento, en EEUU. La Oficina Europea de Patentes revocó en enero de 2018 la primera de las patentes CRISPR concedida inicialmente al BROAD-MIT precisamente por falta de actividad inventiva, al considerar que se trataba de un desarrollo obvio a partir de los conocimientos anteriores en el campo. Recientemente, en marzo de 2018, también hemos conocido en Europa una segunda patente CRISPR a las dos investigadoras Charpentier y Doudna, y sus instituciones, para las aplicaciones derivadas de Cas9 inactivas y quiméricas, que no cortan el ADN pero que son capaces de llevar otras proteínas y funciones a sitios concretos del genoma.
Este artículo lo publiqué inicialmente en el blog general de Naukas el 1 de mayo de 2018.
2 Comentarios